La plusvalía municipal, es decir, el impuesto directo que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión y hasta su transmisión, en los casos de venta de un inmueble, la plusvalía establece cuánto se ha revalorizado tu inmueble durante el tiempo que ha sido tuya. Aunque comúnmente se asocia la plusvalía a las compraventas, también es exigible en los casos de donación de inmuebles.

Es un tributo de carácter local, recaudado por los propios ayuntamientos, y cuya práctica habitual es que lo pague el vendedor, aunque puede asumir el importe el comprador cuando las partes así lo pacten, a excepción de los casos en que la persona que transfiere no resida en España, en cuyo caso será el comprador quién obligatoriamente deberá hacer frente al pago del tributo.

Recientemente el Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para los casos en que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida, el principal argumento del Supremo es la vulneración del principio de capacidad económica y, específicamente, el de prohibición de la confiscatoriedad que proclama el art. 31.1 de la Constitucional.

El Supremo cuestiona que “la aplicación de esta forma de determinación de la base imponible puede dar lugar a que la plusvalía efectivamente obtenida como consecuencia de la transmisión onerosa de un inmueble sea de importe inferior-con frecuencia, incluso notablemente inferior-a la cuota tributaria que resulta de la aplicación de aquellas reglas”.

Además, afirma que la posible confiscatoriedad del impuesto puede contribuir también el artículo 1 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, que recoge que toda persona física o jurídica tiene derecho al respecto de sus bienes y que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y de acuerdo con los principios de Derecho Internacional.

El Supremo también incide en que en el año 2017 el Constitucional ya declaró la inconstitucionalidad de este impuesto cuando no existe ganancia patrimonial, pero no planteó la constitucionalidad sobre la determinación de la base imponible del impuesto cuando aún existiendo ganancia, ésta en notablemente inferior al importe de la cuota tributaria.

Las consecuencias de la resolución serán aplicables no sólo al impuesto sobre plusvalía, ya que determinará la aplicación del límite de la confiscatoriedad en todo acto impositivo, además de fijar una línea al legislador para configurar los tributos, por lo tanto, con dicha resolución el Tribunal Constitucional decidirá el límite entre el deber de contribuir y el límite de la confiscatoriedad, es decir, que el pago de los tributos no impliques ser despojados de nuestro patrimonio.

Como expertos en derecho nos mantendremos informados de la decisión del Constitucional y así poder asesorar a nuestros clientes en futuras transacciones.

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Ana Belén Martínez Valle
Ana Belén Martínez Valle

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